20/02/2009

El Consejo Económico y Social: la oportunidad de planificar

Por Mario Rapoport
John Maynard Keynes dijo alguna vez que en el largo plazo “estamos todos muertos”, pero se trataba sin duda de una broma. Un artículo suyo escrito en 1930, “Perspectivas económicas para nuestros nietos”, desmiente esa afirmación. Es posible pensar más allá de nuestro propio presente; es decir, pensar el futuro, el largo plazo.

La Argentina tiene una sociedad relativamente amnésica, algo que se relaciona con lo que ha padecido históricamente. Esto ya constituye un obstáculo, porque es difícil proyectar hacia delante si no se conoce el pasado, si se lo está olvidando permanentemente o si se lo cuestiona con frecuencia. Si todo o la mayor parte de las cosas se hicieron mal, sería extraño que pensáramos que pueden cambiar.

Llevamos encima una mochila de pesimismo (ley de Murphy) que, al mismo tiempo, nos ha impedido elaborar proyectos a mediano o largo plazo. Permanentemente se ha vivido el día a día. La gente se ha acostumbrado a correr a comprar dólares o gastar pesos, para recomponer los ahorros o salvar el valor de los consumos, carcomidos por la inflación, o ha debido padecer los efectos de la recesión y el desempleo resultado de políticas de ajuste.

Sobre todo, el desligamiento del Estado de las decisiones de inversión y, con ello, de las características que debería adoptar la estructura productiva condujo a la ausencia absoluta de planificación y a limitar la política económica a los problemas de coyuntura.

Así, la carencia de planes estratégicos fue deliberada, y adquiere sus rasgos más paradigmáticos, entre otras cosas, en la ausencia de una política industrial, como la que tuvo Brasil; en la falta de perspectivas de resolución de los desequilibrios regionales; en las desigualdades sociales que padecemos y cuyas consecuencias no se previeron. En términos más generales, en la no formulación de políticas públicas de largo plazo.

Ante la similitud en términos de la gravedad y características de la crisis mundial que debemos enfrentar, es inevitable asociar nuestra situación actual a la que dominaba la economía de los Estados Unidos en los años 30 del siglo pasado.

La respuesta de ese entonces, que se dio en llamar el New Deal bajo la presidencia de Roosevelt, supuso una mayor intervención del Estado en la esfera económica, con medidas que se extendieron desde el sostenimiento de la actividad agrícola (a través, por ejemplo, de controles sobre la producción que evitasen derrumbes en los precios), y la implementación de una política de empleo que dio trabajo a millones de desocupados, hasta la realización de grandes obras de infraestructura.

El presidente Roosevelt destacaba al respecto, en un discurso del 24 de julio de 1933, que “todos los proyectos y todas las medidas legislativas... no han sido solamente una colección de proyectos, hechos al azar, sino las partes integrantes, perfectamente ordenadas, de un conjunto lógico y conexo”.

Rexford Tugwell, asesor de Roosevelt, exhortaba a la reorganización y revisión de las instituciones sobre nuevos principios basados en el planeamiento.

Los momentos depresivos –como los que se estaban viviendo– constituían un ambiente propicio para el cambio de ideas y para la toma de conciencia de que es necesario dar mayor seguridad a los negocios y a la sociedad, y reducir la incertidumbre.

“En tales circunstancias –decía Tugwell– hasta los empresarios piden que el gobierno interceda.” En nuestro caso, lo que debe resaltarse es la articulación de las distintas disposiciones de corto y mediano plazo en un horizonte de largo alcance.

O sea, la necesidad de establecer una serie de objetivos y los respectivos instrumentos para alcanzarlos, los cuales podrán modificarse o no, según los cambios que presente la realidad nacional e internacional.

En la Argentina existen antecedentes que convendría recordar. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Plan Pinedo de 1940 o los proyectos del Consejo Nacional de Posguerra. Con el peronismo asentado electoralmente en el poder, el primer y el segundo Plan Quinquenal, que si bien no disponían de mecanismos formales de planificación, expresaban la intención de contribuir a implementar políticas de largo plazo.

Ambos se proponían continuar y profundizar la política de sustitución de importaciones, basándose en el desarrollo de la industria liviana, menos intensiva en capital y menos demandante de compras en el exterior, aunque la diferencia entre uno y otro reside en que el segundo Plan (1952), producto del contexto internacional adverso con el que se enfrentaba –en el marco de un programa coyuntural de estabilización, luego de dos sequías y una profunda crisis del sector externo– enfatizaba más el incremento de la productividad del campo, de forma de elevar los saldos exportables que financiaran las importaciones. Por las mismas razones, se otorgaba un papel complementario al capital extranjero como factor de cooperación.

En esta línea se enmarcaban, con intereses e ideologías distintas detrás y variados grado de formalidad en su elaboración, tanto las políticas del “desarrollismo” a partir de 1958, como el plan del gobierno radical de 1965, y el Plan Trienal de 1973.

En este último se sostenía que una política de reorientación del comercio exterior permitiría “abrir nuevos mercados para las exportaciones u orientar hacia terceros países las importaciones”, al tiempo que sólo a través de la integración latinoamericana podía “consolidarse un proceso de independencia de los grandes bloques y centros de poder internacional”.

La situación actual, de gran incertidumbre en los mercados internacionales, torna imprescindible la planificación de la acción estatal y actualizan el debate sobre el tipo mecanismos necesarios para su puesta en marcha, en momentos en que se plantea la creación de un amplio Consejo Económico y Social. Para ello, debiera rescatarse la experiencia de organismos como el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), creado en 1961.

La necesidad de mantener los niveles de producción y empleo, coordinando los objetivos de sindicatos y empresarios; el fortalecimiento de núcleos de innovación tecnológica adaptados a las posibilidades locales por parte del gobierno y las empresas; la transformación de la integración regional en un verdadero instrumento para nuestro desarrollo con la participación de los diferentes sectores involucrados; la explotación adecuada de los recursos naturales o la extensión de obras de infraestructura que apuntalen el proceso de industrialización, son éstas algunas de las tareas que reclaman un Estado capaz de trazar una estrategia de prioridades y plazos de realización, articuladas en un organismo de planeamiento que acompañe al Consejo Económico y Social y vaya más allá de gobiernos y opciones electorales. Como decía Keynes en plena crisis de los años 30. “Nosotros no sufrimos de los reumatismos de la vejez sino de las turbulencias del crecimiento [?] sufrimos de las readaptaciones que supone una fase económica nueva.” Todas estas cuestiones sólo pueden resolverse si se piensa, como Keynes, más allá de nosotros mismos, en el destino del país y de sus futuras generaciones.

*Economista e historiador.
Investigador Superior del Conicet.

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