24/02/2009

A propósito del Consejo Económico Social

Desarrollar las ideas para marcar el rumbo

Marcelo Ramón Lascano

Se ha divulgado la idea de constituir, otra vez, un consejo económico social, restableciendo así una antigua práctica argentina con antecedentes cercanos a los sesenta años, según desde cuando se consideren las iniciativas. Lo curioso es que su formulación, más allá de las denominaciones, no registra, necesariamente, linaje ideológico o procedencia democrática. Durante las administraciones de facto encabezadas por Farrell (1944), Lonardi-Aramburu (1955), Lanusse ( 1972) y las constitucionales con Perón (1947) Frondizi (1958), Illia (1964) y un intento parcial con Isabel Perón (1975), la idea asomó recurrentemente como herramienta de la política económica.

Se apeló a ella por sus virtudes ordenadoras y por qué no, salvadoras. Con prescindencia de las denominaciones, su implantación no ha encontrado insalvables fronteras ideológicas, al igual que la planificación en sus diversas variantes.

La necesidad siempre resultó ser la justificación empleada en cada circunstancia histórica para rubricar su nacimiento. Desde el fascismo en los años 20 del siglo XX hasta la estratégica política de compras gubernamentales operada a través de la Secretaría de Defensa de los EE.UU., la orientación de la planificación y de los acuerdos sectoriales que la misma implícita o explícitamente conlleva, siempre han respondido a ostensibles objetivos nacionales. A partir de la ley de empleo de 1946, el Consejo de Asesores Económicos del presidente de los EE.UU. en cierta forma se ajusta a esas ideas.

Ahora bien, el problema no es la herramienta ni la denominación. Siempre la pregunta que debe acompañar a toda iniciativa supone conocer el para qué. Hillaire Beloc en la atmósfera intelectual de su tiempo nos aconsejó “pensar con ideas, no sólo con palabras” porque éstas, en realidad, son envoltorios, formas de expresión que no necesariamente suponen correspondencia con lo que se busca o espera de las mismas.

Consejo económico y social suena bien; además, y sin escamoteos, valoro su utilidad. Pero me gustaría que se manifieste para qué. Sin esta exigencia, traducida en misión y funciones, vuelven las incógnitas, sin subestimar la eventual irrupción de conflictos jurisdiccionales e inconvenientes demoras.

Entonces, como dicen los letrados, es cuestión de previo y especial pronunciamiento definir con precisión los objetivos para que el cuerpo eventualmente encause su gestión según las prioridades políticas que deberían circunscribir su gestión. Si no fuera así. Si el Consejo se limitara a sugerir o recomendar cursos de acción que por lo general ya están en la agenda social se debilitaría su utilidad y para peor, podrían suscitarse conflictos de poderes, habida cuenta de que el cuerpo podría llegar a competir con el Poder Legislativo sin la legitimidad de éste bajo la forma republicana de gobierno.

Existiendo un Ministerio de Planificación junto con otro de Economía, parece innecesario agregar otro cuerpo a la estructura del Estado nacional ya que el primero “ex definitione” podría encargarse del futuro y de los equilibrios que lo aseguren.

Para evitar suspicacias, quiero recordar que la teoría de la planificación discutió incansablemente la ubicación del área planificación económica y social en la estructura administrativa del ejecutivo. Por razones prácticas la preferencia se fue inclinando en favor de la mayor proximidad con el jefe del Estado, subrayándose, de esta manera, la trascendencia de las funciones, entendidas como expresión de objetivos políticos de verdadera envergadura, entre los cuales caben perfectamente los sociales y sectoriales.

La alternativa, de fuerte sesgo corporativo, entraña algunos riesgos y contradicciones que pensando con ideas vale la pena recordar. El corporativismo frente a la institución parlamentaria siempre cae bajo sospecha de servir intereses creados, sea que respondan al capital o al trabajo.

Los legisladores, por su parte, tienen amplia legitimidad para proponer todo aquello que pueda ser iniciativa del eventual Consejo Económico Social y, sobre todo, legitimidad democrática para propiciar lo que se supone consulta los intereses de la República. En cambio, si bien aquél circunscribe su acción a proponer estudios o políticas, empero carece de la fuerza constitucional que asiste a los legisladores elegidos por el pueblo. No es un dato menor. Por lo demás, la estructura de ambas Cámaras legislativas y el número de miembros y asesores que las integran, de ninguna manera impiden elevar iniciativas al gobierno, con la ventaja que ofrece la transparencia y publicidad de las discusiones y la intervención de todas o casi todas las expresiones de la vida política afirmando el ejercicio de la experiencia democrática.

Por cierto, esta opinión de ninguna manera descalifica la consulta a comisiones de diferente tipo cuando resulte necesario, precisamente en obsequio de una mejor gestión. En cada caso se puede convocar a quienes resulten más idóneos, como suele aconsejar la Constitución, sin injertos que no siempre resultan alternativa provechosa.

Dejemos entonces las palabras y vayamos a las ideas. Adónde se quiere llegar, cuál es la meta. Después vienen la estrategia y la táctica. En este mundo alborotado y con liderazgos en discusión por todos lados, parece que si queremos hacer camino al andar debemos identificar el rumbo. La Argentina debe rescatar su jerarquía internacional en aquellos territorios que le son propios más los que aconseja un enfoque sobre el porvenir razonablemente contemplado. Desarrollo, justicia social, ocupación racional del territorio y explotación inteligente de los recursos naturales configuran un capítulo. Expansión de un PBI de alta calidad que por definición deberá estar integrado por componentes científicos y tecnológicos, definiría una elección donde la Conea, la Conae y empresas vinculadas deberían asumir roles protagónicos. La agroindustria y una fuerte ofensiva exportadora deberían constituir un capítulo no negociable, habida cuenta de la tradicional vulnerabilidad externa de la economía argentina. Formación profesional obligatoria, localización industrial y pleno empleo deberían formar parte del enfoque.

En materia de servicios de calidad existe un horizonte virtualmente inexplorado, lo mismo que investigación y desarrollo para independizarnos de tecnologías extranjeras, a veces antieconómicas y generadoras de dependencia. La diplomacia comercial debería revolucionar sus métodos sin desprenderse de las funciones políticas que le son inherentes al servicio exterior.

La mejor receta aconseja utilizar los recursos existentes sin abandonar otras posibilidades. El presidente Obama acaba de anunciar para los EE.UU. algunas prioridades, entre otras, un fuerte impulso a la agroindustria y a la independencia energética para prescindir de la importación de hidrocarburos extranjeros y sanear su economía externa, creando a la vez incentivos para aumentar unos tres millones de empleos en poco tiempo.

Por supuesto, de ello no se desprende el abandono del resto de las actividades de vanguardia pero sí la jerarquización de los objetivos de su administración. Las ideas y las palabras aquí son esclarecedoras. Subrayan el rumbo elegido, luego los instrumentos se alinean en la dirección adecuada.

Volver