14/04/2009

Educación

Una computadora por alumno: ¿dónde estamos?

Con el objetivo de introducir en las escuelas una política concreta en materia de Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, el Ministerio de Educación de la Nación está llevando a cabo un programa de implementación de computadoras en los colegios.

Por Lic. Juan Carlos Tedesco
Ministro de Educación de la Nación

Nuestro país se ha comprometido a garantizar el acceso universal a las nuevas tecnologías, como dimensión fundamental de una educación de buena calidad. Para ello se trabaja cotidianamente y en estrecha cooperación con los ministerios de educación de las provincias, a través de diferentes estrategias que se dirigen tanto a la provisión de computadoras a las escuelas como a la capacitación docente para su uso pedagógico. En este contexto, uno de los programas de mayor repercusión pública es el promovido por Nicholas Negroponte, “Una computadora por niño” (OLPC). En los últimos meses, por diferentes medios de comunicación, se ha difundido el reclamo acerca de la falta de cumplimiento de un supuesto compromiso del Ministerio de Educación de la Nación con la compra de computadoras, así como la idea según la cual este proyecto sería la panacea frente a los problemas educativos argentinos. El tema es muy importante y por eso es necesario que lo discutamos con seriedad y adecuada información.

Primero, vayamos a los hechos. La cronología comienza en enero de 2005, en ocasión del Foro Económico Mundial de Davos, donde Nicholas Negroponte presentó lo que él mismo denominó como “el proyecto del resto de su vida”: una computadora portátil de 100 dólares, que, distribuida gratuitamente a través de los ministerios de educación permitiría a los estudiantes de todo el mundo, el acceso a la tecnología de manera sencilla y amigable.

El concepto era sumamente atractivo y contundente. Computadoras desarrolladas y producidas por una organización sin fines de lucro que, vendidas en grandes lotes (superiores a un millón de unidades) a través de los gobiernos, permitirían reducir a cero no sólo los costos en los que habitualmente incurren las empresas (equipos de ventas, publicidad, logística, desarrollo de mercado) sino también los márgenes de ganancias. Menores costos, menores ganancias y un equipo de especialistas de primer orden, desmenuzando hasta la última línea de desarrollo, llevarían a OLPC a crear la laptop de 100 dólares.

La relevancia del proyecto provocó el interés de varios países con voluntad política de universalizar el acceso a las nuevas tecnologías. La República Argentina, a través del entonces Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, se propuso avanzar en el estudio del proyecto y creó un grupo de trabajo en Educ.ar, para evaluar la propuesta y sugerir un plan de acción. En aquel momento, OLPC pidió una definición para marzo de 2006 que les permitiera iniciar la producción y entregar las computadoras en diciembre de ese año.

El Ministro Filmus estableció tres condiciones básicas (además de asumir que el precio sería de 100 U$S por laptop): (i) tomar la decisión de compra a partir del modelo definitivo y no de un prototipo de prueba, (ii) realizar un piloto y (iii) trabajar con un organismo internacional que asegurara transparencia en el proceso de compra. Luego de varias reuniones e intercambios, se aceptó continuar bajo estos supuestos y Argentina pasó a formar parte del grupo inicial de siete países junto a Brasil, China, Egipto, India, Nigeria y Tailandia que liderarían la aplicación del proyecto.

El grupo de trabajo en Argentina (con activa participación del equipo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA), desarrolló distintas pruebas con los prototipos que se iban recibiendo: B1, B2, B3... pero no con el modelo final, que demoraba en llegar. En noviembre de 2006, Negroponte visitó nuevamente nuestro país y fue recibido por el presidente Kirchner. En esa visita, Negroponte se comprometió a que, en un plazo no mayor a seis meses, las computadoras estarían funcionando y se podría entonces, definir la adquisición. En ese período comenzaron a aparecer distintas empresas nacionales y extranjeras con opciones alternativas al modelo OLPC que modificaron el escenario inicial. En mayo de 2007, la fecha comprometida por Negroponte, se realizó la ansiada presentación y si bien los avances fueron importantes, las computadoras no podían ser aun consideradas como un producto estable. Resultaba claro para las autoridades argentinas que la decisión de compra no era posible en esas condiciones y, de haberla, debería ser a través de una licitación en la que pudieran participar los distintos oferentes. En este proceso, casi todos los países de la lista inicial fueron desertando de su participación en el proyecto.

En síntesis, nunca se firmó compromiso alguno de compra, ni en esta gestión ni en la anterior. Desde este Ministerio se sigue con interés el avance del proyecto. Observamos los logros de Uruguay, que sí concretó la compra de cien mil unidades, a un precio que casi duplica el prometido originalmente, y está terminando una licitación por un número similar. También analizamos otras iniciativas desde el sector privado y actualmente estamos llevando a cabo un grupo de pruebas piloto en todo el país. Mientras tanto, seguimos con nuestras políticas de equipamiento a las escuelas y a los Institutos de Formación Docente, de producción de materiales de alfabetización digital, de incentivos a las experiencias innovadoras de utilización de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje tanto en la enseñanza obligatoria como en la educación superior, así como con la expansión de la conectividad a las zonas más carenciadas del país.

Tenemos claro que no estamos frente a un desafío tecnológico sino frente a un proyecto social y educativo. En este sentido, la introducción de computadoras en las escuelas tiene que ser concebida como un aporte a una educación que satisfaga los dos grandes objetivos que se propone la educación del siglo XXI: aprender a aprender y aprender a vivir juntos. Una computadora por alumno supone un cambio radical en la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje y por eso la prueba a la cual es necesario someter a los aparatos no es solamente tecnológica. Es una prueba pedagógica que implica analizar el impacto sobre el trabajo grupal y sobre el perfil del docente. Asimismo, implica un cambio importante sobre el equipamiento de las escuelas, el financiamiento, la seguridad de los aparatos y la de los propios alumnos. El Ministerio de Educación está trabajando en este campo con un adecuado equilibrio entre la audacia que supone introducirse en un universo complejo y la prudencia necesaria en el diseño de políticas y uso de recursos públicos.

Artículo publicado en La Tiza Nº 45.

Volver